EEUU: más familias de inmigrantes separados que lo reportado

En esta foto del 13 de diciembre del 2018, adolescentes inmigrantes caminan en fila dentro del centro de detenciones en Tornuillo, Texas. (AP Foto/Andres Leighton.)

Por COLLEEN LONG y RICARDO ALONSO-ZALDIVAR, Associated Press

WASHINGTON, D.C. — La cifra de niños migrantes separados de sus familias podría superar en miles la que ha reconocido el gobierno de Donald Trump, dijeron investigadores el jueves.

Un reporte de la oficina del inspector general del Departamento de Salud concluye que las separaciones de familias estaban ocurriendo antes de la primavera del año pasado cuando el gobierno anunció su política de “cero tolerancia” en la frontera con México.

“El número total y status actual de todos los niños separados de sus padres o sus guardianes… es desconocido”, dice el reporte. Pudieran ser miles más, porque las separaciones estaban ocurriendo mucho antes, durante un influjo que empezó en 2017, concluyeron los investigadores.

El gobierno ha identificado a poco más de 2,700 niños que fueron separados de sus familias. Esa cifra fue publicada como parte de una causa judicial en la que un juez federal ordenó que las familias fuesen reunidas.

Pese a un esfuerzo “considerable” por el departamento para ubicar a todos los niños que fueron colocados bajo su cuidado después que las autoridades de inmigración los separó de sus familias, las autoridades seguían hallando nuevos casos hasta cinco meses después de la orden del juez, dijo el reporte.

Los investigadores expresaron preocupación por los niños que no han sido identificados porque no tenían certeza sobre la orden de reunificación del juez Dana Sabraw. Esa directriz no se aplicó a “un estimado de miles de niños a quienes (las autoridades de inmigración) separaron durante un influjo que comenzó en el 2017”, dice el reporte. La mayoría de esos niños habrían sido colocados ya con patrocinadores antes de la causa.

“Hay aún menos visibilidad para los niños separados que quedan fuera de la causa judicial”, concluyeron los investigadores.

Además, información incompleta e imprecisa en los documentos del gobierno podría estar obstaculizando las gestiones para identificar casos más recientes de separaciones familiares.

El presidente Donald Trump rescindió la política de separaciones de familias el año pasado luego de una ola de indignación. En algunos casos, niños pequeños han sido separados de sus familias y colocados bajo custodia del Departamento de Salud.

La “cero tolerancia” para quienes cruzan la frontera, bajo al cual todo aquel que entre ilegalmente a Estados Unidos enfrenta cargos penales, dio lugar a las separaciones familiares. Los niños no pueden ser mantenidos indefinidamente con padres u otros familiares bajo detención federal.

El reporte del inspector encontró problemas persistentes para seguirles la pista a los niños, lo que pudiera afectar su bienestar. Dijo que “no está claro aún si los cambios recientes del departamento son suficientes para garantizar datos continuos y precisos sobre los niños separados y la falta de detalle en la información recibida de las autoridades de inmigración continúa representando retos”.

EEUU ha seguido separando a familias migrantes

EEUU ha seguido separando a familias migrantes

Migrantes son acompañados por un agente de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos al ser detenidos tras trepar la cerca fronteriza de Tijuana, México, a San Ysidro, California, el lunes, 3 de diciembre del 2018. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Por COLLEEN LONG, Associated Press

WASHINGTON, D.C. — El gobierno estadounidense ha separado a 81 niños migrantes de sus padres en la frontera con México desde junio, a pesar de que emitió en una orden ejecutiva cesando la práctica y de un fallo similar emitido por un juez, según datos oficiales provistos por las autoridades a The Associated Press.

Las autoridades mantienen la potestad de separar a un niño de sus padres en casos específicos, alegando por ejemplo que peligra el bienestar o la salud del niño o si el padre tiene antecedentes penales. Tales excepciones ya existían incluso antes de la política de “tolerancia cero” aplicada por el gobierno de Donald Trump.

El gobierno decide cuándo un caso amerita esa excepción, pero eso preocupa a los activistas a favor de la inmigración, quienes temen que muchos padres migrantes están siendo etiquetados falsamente como delincuentes.

Desde el 21 de junio –día posterior a la orden ejecutiva firmada por Trump– hasta el 4 de diciembre, 76 adultos fueron separados de sus niños, según la información. De ellos, 51 fueron procesados penalmente: 31 tenían antecedentes penales y 20 por otras razones no especificadas. Nueve fueron hospitalizados, 10 estaban vinculados con pandillas y cuatro tenían órdenes de extradición. Dos habían incurrido en infracciones migratorias y tenían pendientes órdenes de deportación.

“El bienestar de los menores de edad en nuestra custodia es la máxima prioridad”, dijo Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las labores de inmigración. “Como hemos dicho antes y como demuestran las cifras, las separaciones familiares son excepciones. Si bien hubo una breve alza durante el período de tolerancia cero, debido al aumento de detenciones de adultos, la cifra ha regresado a su nivel anterior”.

Durante el punto máximo de la aplicación de la “tolerancia cero” en el verano, más de 2,400 niños fueron separados de sus padres. La práctica desató el oprobio mundial. Grupos religiosos, políticos y humanitarios la calificaron de cruel e inhumana. Imágenes de niños llorando y de padres angustiados saturaron los titulares de diarios y las pantallas de televisión.

Un juez federal que escuchó una demanda entablada por una madre que había sido separada de su hijo prohibió que siguieran las separaciones y ordenó al gobierno reunificar a las familias.

Sin embargo, el juez, Dana Sabraw, permitió que sigan las excepciones según cada caso individual y autorizó demandas contra nuevas separaciones si el caso lo amerita.

El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), dijo que espera que el juez ordene que los alerte si hay una nueva separación, porque actualmente no se les está avisando y por lo tanto es imposible introducir demandas en contra.

“Estamos muy preocupados por la posibilidad de que el gobierno esté separando a familias a raíz de denuncias vagas de antecedentes penales”, expresó Gelernt.

Según los datos oficiales, desde el 19 de abril hasta el 30 de septiembre, 170 unidades familiares fueron separadas porque se determinó que no había parentesco entre sus miembros. Ello afectó a 197 adultos y 139 menores. Ello podía incluir también abuelos u otros familiares en casos donde no había prueba de un parentesco. Muchos de los que huyen de la pobreza y violencia en su lugar de origen están apurados y no llevan consigo actas de nacimiento ni documentos similares.

Otras separaciones se implementaron porque los hijos no eran menores de edad.

En el año fiscal 2017, que comenzó en octubre de 2016 y terminó en septiembre de 2017, 1,065 unidades familiares fueron divididas, lo que usualmente abarca un niño y un padre: 46 por fraude y 1,019 por razones médicas o de seguridad, según los datos.

Las cifras “muestran de manera inequívoca que los contrabandistas, los traficantes de personas y los delincuentes están usando a cientos de menores para aprovecharse de nuestras leyes migratorias e infiltrarse en territorio estadounidense”, dijo Waldman.

En semanas recientes, miles de migrantes centroamericanos se han aglutinado en caravanas tratando de atravesar México y llegar a la frontera estadounidense. Trump, un republicano, ha usado sus poderes de seguridad nacional para imponer normas que niegan el asilo a todo el que haya cruzado la frontera ilegalmente, pero un juez ha ordenado suspender esa política mientras los tribunales estudian una demanda sobre el tema.

La política de tolerancia cero fue aplicada como manera de inhibir los cruces ilegales fronterizos. El gobierno de Trump dice que el auge de familias centroamericanas que están llegando a los puestos fronterizos está mermando los recursos del país.

Exigen fin de acoso de patrocinadores de inmigrantes en EEUU

Exigen fin de acoso de patrocinadores de inmigrantes en EEUU

Menores migrantes juegan al fútbol en un refugio donde están retenidos en Homestead, Florida, el 18 de junio del 2018. Una nueva política del gobierno que facilita el arresto y deportación de familiares y allegados que pueden hacerse cargo de ellos mientras se resuelve su status inmigratorio ha hecho que se duplique el tiempo que los menores permanecen bajo la custodia del gobierno. (AP Photo/Wilfredo Lee, File)

Por FRANK BAJAK, Associated Press

La agencia federal encargada de asistir a los menores que piden asilo y que se han separado de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México asumió este año nuevas funciones: Ayudar a deportar a los parientes de esos jóvenes migrantes dispuestos a hacerse cargo de ellos.

En una carta enviada el miércoles a los jefes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) y del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), 112 organizaciones defensoras de las libertades civiles y de los derechos de los inmigrantes, agrupaciones que velan por el bienestar de los menores y otros activistas exigen al gobierno el cese inmediato de lo que consideran una práctica ilegal.

El DSSH y el DSN están usando la información acerca de los familiares que residen en Estados Unidos y de otros potenciales patrocinadores que suministran los menores arrestados para “detener y deportar a esas familias”, dicen los autores de la nota. Agregan que muchas “familias están tan asustadas que prefieren no hacerse cargo de los menores”.

El nuevo papel de la Oficina de Reubicación de Refugiados, una unidad de la DSSH que se ocupa de reunir a los menores no acompañados con familiares hasta que se resuelva su estatus inmigratorio, comenzó en el marco de un acuerdo para compartir información firmado en abril con los organismos del DSN encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Las huellas digitales y la información personal de los posibles patrocinadores y de las personas que viven con ellos son enviadas a un banco de datos del DSN creado para rastrear los antecedentes policiales de la gente y que a partir de mayo empezó a ser usado para verificar su identidad, de acuerdo con documentos del gobierno.

La carta del miércoles aduce que las autoridades federales, estatales y municipales –y algunos gobiernos extranjeros– tienen acceso casi ilimitado al banco de datos, lo que puede hacer que potenciales patrocinadores respetuosos de las leyes sean sometidos a un escrutinio inapropiado.

Funcionarios federales dicen que el objetivo de compartir la información es proteger a los menores migrantes de traficantes y de otros abusos. Desde que comenzó a compartirse la información, el tiempo promedio que pasa un menor bajo custodia del gobierno se casi duplicó en más de dos meses.

Lo que es peor, según los activistas, es que el acuerdo transforma a los menores, la mayoría de ellos centroamericanos que le huyen a la violencia e impunidad de sus países, en delatores involuntarios.

“Los menores son usados como carnada para recabar una cantidad sin precedentes de información de las comunidades de inmigrantes”, dijo Becky Wolozin, abogada del Legal Aid Justice Center, que firmó la carta. El centro representa a menores migrantes en un tribunal federal en Virginia en el que se cuestiona la política de compartir la información, que es descrita como arbitraria y caprichosa.

Ni la agencia de reubicación de refugiados ni el DSN respondieron directamente a preguntas de la Associated Press sobre si el acuerdo viola las protecciones legales de los menores no acompañados, que por ley deben ser retenidos por las autoridades el menor tiempo posible.

Al menos 41 familiares o allegados que se encuentran en el país ilegalmente fueron arrestados con miras a su deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) gracias a la información compartida, según Matthew Albence, alto funcionario del ICE, a partir del uso de información compartida. Hizo su comentario durante una vista legislativa en septiembre. Un vocero del ICE dijo que los arrestos tuvieron lugar entre principios de julio y principios de septiembre, pero no dio cifras actualizadas, como había solicitado la AP.

Migrantes adolescentes siguen en campamento “temporal”

Migrantes adolescentes siguen en campamento “temporal”

Foto suministrada por Iván Pierre Aguirre que muestra a adolescentes recostados en el césped de un campamento donde son alojados más de 2,300 migrantes menores de edad en Tornillo, Texas, el 25 de noviembre del 2018. (Iván Pierre Aguirre via AP)

Por GARANCE BURKE y MARTHA MENDOZA, Associated Press

TORNILLO, Texas (AP) — Un campamento de detención de emergencia que se abrió en junio en el desierto de Texas para atender a un flujo excesivo de niños y jóvenes migrantes no muestra indicios de que vaya a cerrarse, a pesar de que se supone que sería temporal.

En la actualidad hay más 2,300 adolescentes en el interior de las carpas, en espera de ser entregados a sus familias para la Navidad. Sin embargo, algunos han estado allí durante meses y, a medida que los ánimos se desgastan, reciben un apoyo mínimo de salud mental.

Mientras tanto, los contribuyentes estadounidenses pagan una factura de más de 1,200 dólares al día por cada menor de edad detenido allí.

El gobierno de Donald Trump anunció en junio que inauguraría este refugio temporal para albergar hasta 360 menores migrantes en este rincón aislado del desierto de Texas. Menos de seis meses después, el centro se ha convertido en un campamento de detención que retiene a miles de adolescentes, y muestra todos los indicios de que se está convirtiendo en un centro de detención permanente.

Para el lunes, 2,349 jóvenes de 13 a 17 años de edad, en su mayoría centroamericanos, dormían dentro de las instalaciones, altamente vigiladas, en filas de literas ubicadas en tiendas de campaña de lona, algunas de las cuales alguna vez albergaron a los equipos de respuesta rápida durante el huracán Harvey. Más de 1,300 adolescentes llegaron desde finales de octubre solamente.

Levantándose entre los campos de algodón y los caminos polvorientos no lejos de la valla oscura que marca la frontera entre Estados Unidos y México, el campamento tiene filas de tiendas de campaña de color beige y carros de golf que transportan a los empleados que portan walkie-talkies. Los adolescentes –con cortes de pelo idénticos y camisas y pantalones de gobierno– son vistos caminando en fila india de tienda en tienda, flanqueados por personal al frente y atrás.

Hay más detenidos en el campamento de Tornillo que en todas menos una de las 204 prisiones federales del país. Y la expansión continúa.

La población del campamento podría aumentar si los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos logran ingresar a Estados Unidos. Las autoridades federales han dicho que podrían transportar por avión a adolescentes de la caravana de San Diego a El Paso y de allí llevaros en autobuses a Tornillo, según un empleado de una empresa sin fines de lucro que ofrece servicios sociales, que habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a comentar el tema en público.

Una investigación de la Associated Press reveló que el rápido crecimiento del campamento plantea una serie de problemas, incluidos:

–Los costos parecen ser un 50% más altos de lo que había dicho el gobierno; lo que empezó como una emergencia, un refugio para 30 días se transformó en un enorme campamento que puede costarle a los contribuyentes más de 430 millones de dólares.

–El gobierno permite que organizaciones sin fines de lucro manejen el campamento para evitar tener que cumplir con requisitos relacionados con la salud mental de los detenidos: Las leyes federales indican que los refugios de jóvenes migrantes deben tener un terapeuta por cada 12 menores, pero empleados del campamento dijeron a la AP que hay uno por cada 50.

–Será casi imposible cumplir con el objetivo inicial de cerrar el campamento de Tronillo para el Año Nuevo: No hay 2,300 camas disponibles en otras instalaciones. Un contrato obtenido por la AP indica que se planea mantener el campamento hasta el 2020. El cierre ya ha sido demorado en tres oportunidades.

Los adolescentes de Tronillo no fueron separados de sus familias en la frontera recientemente. Están detenidos en cumplimiento de políticas rígidas que dieron paso al arresto de 14,000 migrantes menores de edad, que han llenado las instalaciones de todo el país. Casi todos vinieron de América Central para unirse con familiares que ya vivían en Estados Unidos.

Algunos menores están detenidos en Tronillo desde la apertura del campamento en junio. A medida que aumentan la población adentro de este sitio cercado por alambres de púas y las estadías de los menores se hacen más largas, cunde la angustia entre los jóvenes.

“Las pocas veces que me dejaban llamar a mi mamá le decía que algún día sería libre, pero la verdad es que sentía que iba a estar aquí el resto de mi vida”, expresó a la AP un joven hondureño de 17 años que estuvo en Tornillo. “Me siento mal por los chicos que siguen allí. ¿Qué pasa si tienen que pasar la Navidad allí? Necesitan se abrazados y allí no permiten que nadie te abrace”.

Luego de que familiares suyos sorteasen una intensa averiguación de antecedentes, el chico fue liberado, pero dice que todavía tiene pesadillas y sueña que está adentro. Habló a condición de no ser identificado por temor a represalias de las autoridades de inmigración.

El encierro y el cuidado de tantos menores es complicado. De día, los supervisores vigilan las comidas, las duchas y otras actividades de los chicos en esta árida tierra con distintos niveles de seguridad. De noche, las más de 150 carpas son vigiladas e iluminadas por reflectores.

La agencia de servicios sociales sin fines de lucro contratada para manejar Tornillo dice que se enorgullece de su trabajo. Asegura que opera la instalación con la misma precisión y cuidado con que opera refugios para después de desastres naturales.

“No tenemos nada que esconder. Esta es una operación manejada de forma excepcional”, sostuvo Krista Piferrer, portavoz de BCFS Health and Human Services, una organización religiosa que administra el campamento de Tornillo. “Esta no es la primera vez que hacemos esto”.

Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Mark Weber, dijo que no se ha tomado una decisión respecto a si el campamento será cerrado a fin de año, como estaba previsto.

Demandan al Gobierno de Trump por detener a niños migrantes demasiado tiempo

Demandan al Gobierno de Trump por detener a niños migrantes demasiado tiempo

ARCHIVO - Una mujer habla en un mitin el jueves 28 de junio de 2018, en Brownsville, Texas, para atraer atención hacia la política estadounidense hacia los inmigrantes. (Miguel Roberts/The Brownsville Herald vía AP, archivo)

NUEVA YORK, Nueva York (EFE) – Una asociación de defensa de los derechos civiles presentó anoche una demanda federal contra la Administración del presiente de EE.UU., Donald Trump, por retener a niños inmigrantes detenidos durante demasiado tiempo, poniéndolos a su juicio en riesgo psicológico.

El Sindicato de Libertades Civiles de Nueva York defiende a seis adolescentes, cuatro de los cuales se encuentran en el estado neoyorquino, que fueron enviados a refugios de acogida después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, a la espera de ser enviados con sus padres o familiares al comenzar el proceso judicial, informan medios locales.

Sin embargo, el sindicato denuncia que los niños siguen detenidos ya que ahora el proceso requiere para su liberación las huellas digitales de sus padres y familiares, lo que “extiende durante semanas e incluso meses” la causa judicial, asegura la abogada de la asociación, Paige Austin.

Como los datos de las huellas digitales pueden ser compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional, los familiares indocumentados de estos niños temen posibles represalias.

Esta dilación de los tiempos judiciales ha provocado que el número de niños bajo tutela federal haya ascendido a 13,000 desde que el Gobierno comenzara a requerir estos chequeos más rigurosos la pasada primavera, algo que la administración considera necesario para evitar que los niños caigan en manos de traficantes.

La demanda asegura que los niños retenidos durante largos periodos de tiempo en dependencias de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sufren episodios de ansiedad, indefensión, depresión e incluso intentos de suicidio, todo ello empeorado porque la mayoría de ellos “han sobrevivido a hechos traumáticos como persecución, asalto o tortura”.

Una de las demandantes es una niña ecuatoriana detenida en Texas cuya madre, Norma Duchitanga, también es parte del caso.

“Las citas para la toma de huellas se retrasaron mucho. Iba a tardar uno o dos meses en conseguir una cita aquí en Nueva York”, asegura en declaraciones a la emisora de radio WNYC esta residente desde hace 15 años en el país, que finalmente tuvo que acudir a Filadelfia para adelantar el proceso.

“Tiene miedo de que la manden de vuelta, de que la metan en la cárcel. Eso es lo que teme. No quiero que sufra. Ya ha sufrido bastante desde que me vine a Estados Unidos y la dejé para darle una vida mejor”, explica Norma.

EEUU perdió la pista de 1,488 niños migrantes

PORTADA – En esta fotografía de archivo del 20 de junio de 2018, niños inmigrantes avanzan en fila afuera de un albergue temporal para menores que llegaron solos en Homestead, Florida. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo)

Por GARANCE BURKE,  Associated Press

En dos ocasiones en menos de un año, el gobierno de Estados Unidos perdió la pista a casi 1,500 menores migrantes después de colocarlos en casas de patrocinadores en diversas partes del país, reconocieron autoridades federales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) dijo en fecha reciente a personal del Senado que los administradores de los casos no podían encontrar a 1,488 menores después de que hicieran llamadas de seguimiento para verificar su seguridad de abril a junio. La cifra representa alrededor de 13% de todos los menores que llegaron sin compañía de un padre o tutor y que el gobierno retiró de albergues y hogares de acogida en ese periodo.

Mientras comparecía ante el Senado en abril, la agencia dijo que a fines del año pasado había perdido la pista de 1,475 menores. Los legisladores habían preguntado a funcionarios del HHS como habían reforzado las políticas de protección a los niños desde que se conoció que la agencia había cancelado salvaguardas para evitar que los menores centroamericanos terminaran en manos de traficantes de personas.

“El hecho de que el HHS, que colocó a estos menores con patrocinadores, desconozca el paradero de casi 1.500 de ellos, es preocupante”, dijo el miércoles el senador republicano Rob Portman. “Muchos de estos chicos son vulnerables al tráfico y abusos, y no asumir la responsabilidad de su seguridad es inaceptable”.

El HHS no respondió a diversos correos electrónicos en los que se le pidió hacer declaraciones.

Desde octubre de 2014, el gobierno federal ha colocado más de 1,500 menores no acompañados con padres u otros patrocinadores adultos que se espera los cuiden y ayuden a ir a la escuela mientras buscan regularizar su condición migratoria en tribunales.

El martes, miembros de una subcomisión del Senado presentó una iniciativa bipartidista dirigida a obligar al HHS a que asuma la responsabilidad de cuidar a los menores migrantes, aun si ya no los tiene en custodia.

Demandan a gobierno de Trump por separación de familias

PORTADA – En esta fotografía del 17 de junio de 2018 proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se muestra a niños migrantes que han sido separados de sus padres en la frontera con México, en una instalación de McAllen, Texas. (U.S. Customs and Border Protection’s Rio Grande Valley Sector vía AP, Archivo)

Por ALANNA DURKIN RICHER,  Associated Press

BOSTON, Massachusetts — Varios abogados presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump, exigiéndole resarcir a las familias migrantes que separó en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México.

La demanda, presentada el miércoles tarde en Worcester, Massachusetts, busca crear un fondo para pagar por el tratamiento psicológico de los niños que fueron separados de sus padres por el gobierno de Trump, que había adoptado una política de “tolerancia cero” contra todos los que crucen la frontera ilegalmente.

El gobierno, agregó la querella, “debe responder por sus acciones” y “reparar el daño causado”.

Añadió que muchas personas sufrieron daños psicológicos y trauma emocional debido a la separación. Menciona los casos específicos de dos familias guatemaltecas que cruzaron la frontera pidiendo asilo.

“Estos niños son inocentes y las autoridades federales les lastimaron simplemente con base en su raza y origen nacional”, declaró Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados a favor de Derechos Humanos y Justicia Económica y uno de los abogados que presentó la demanda contra el secretario de Justicia Jeff Sessions y otros funcionarios del gobierno.

“Es ilegal e injusto. Estas familias deben ser recompensadas por la experiencia espeluznante que vivieron”, dijo Espinoza-Madrigal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de momento a mensajes pidiéndole su reacción.

Las autoridades migratorias separaron a más de 2,000 niños de sus padres en los primeros meses de este año. Trump promulgó luego un decreto el 20 de junio que derogó su política, en medio de una condena internacional generalizada.

Uno de los niños mencionados en la querella tenía 11 años cuando huyó de la violencia en Guatemala para pedir asilo en Estados Unidos. Fue separado de su padre por más de un mes y temió que nunca lo volvería a ver, según la denuncia. Añade que el pequeño sigue teniendo pesadillas, a veces tan aterradoras que se cae de la cama.

En la demanda, los individuos son mencionados solo por sus iniciales para proteger su privacidad.

“El trauma que sufrieron C.J. y F.C. fue duradero y seguirá afectando su salud psicológica y emocional durante años”, dice la demanda.

Regresa a Guatemala niño separado de madre al entrar a EEUU

PORTADA – Anthony David Tovar Ortiz, a la izquierda, es abrazado por una familiar después de llegar al aeropuerto La Aurora en la Ciudad de Guatemala, el martes 14 de agosto de 2018. (AP Foto / Oliver de Ros)

Por SONIA PÉREZ D.,  Associated Press

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala — Un menor de edad que fue separado de su madre fue deportado a Guatemala y terminó así la pesadilla de una de cientos de familias centroamericanas que aún esperan reunirse con sus hijos tras ser separados al intentar ingresar a Estados Unidos.

A la medianoche del martes Elsa Johana Ortiz por fin pudo llevar a casa a su hijo Anthony, de 8 años, de quien había sido separada en mayo por oficiales de migración estadounidenses cuando ingresó a ese país.

Anthony David Tovar Ortiz y su madre Elsa Ortiz abandonan el aeropuerto de La Aurora en la Ciudad de Guatemala, el martes 14 de agosto de 2018. (AP Foto / Oliver de Ros)

“Sentí felicidad, por fin terminó”, dijo Ortiz, de 25 años, al salir del aeropuerto La Aurora al que arribó el niño en un vuelo comercial acompañado por dos abogados estadounidenses.

A su llegada el menor fue recibido por personal de la Procuraduría General de la Nación que lo registró y entregó a la madre.

“Lo primero que le dije es que lo había extrañado demasiado y él me dijo lo mismo”, agregó la mujer.

Vestido con un traje deportivo gris y tenis y sosteniendo una pequeña maleta, el niño se mostró asombrado por la cantidad de periodistas que lo aguardaban en la terminal aérea.

Ortiz inició su viaje a Estados Unidos el 20 de mayo e ingresó a ese país el 25 y se entregó a las autoridades porque “a las mamás las dejan pasar con sus hijos”, según le dijo el traficante de personas que organizó su viaje. Pero un día después de ser detenida la separaron del menor y 12 días más tarde fue deportada a Guatemala sin el niño.

La mujer tenía la ilusión de reencontrarse en Estados unidos con su pareja, quien le enviaba dinero para alimentos y vestimenta. Su pareja había pagado por un viaje “especial” que no la expusiera mucho porque iba con el niño.

“Todo el viaje fue en carro, solo una vez en bus, luego en balsa (por el río Bravo en Texas), luego caminamos pocos metros, encontramos a la migración y nos entregamos”, dijo la mujer sentada en la puerta de la humilde casa de su padre en una entrevista con The Associated Press en junio.

Ortiz dijo que fue engañada por los agentes migratorios para que no se resistiera a la deportación porque le aseguraron que se iría con su hijo.

“Se termina esto, le damos gracias a Dios y a los abogados que hicieron la lucha, lo que queríamos era tener a nuestro bebé”, dijo el abuelo del niño, José Antonio Ortiz, quien lo abrazó mientras sostenía un globo con el que le dio la bienvenida.

En una pequeña camioneta blanca el niño regresó a una humilde casa en el municipio de Palencia, a 25 kilómetros de la capital, una comunidad ubicada en una zona montañosa donde no hay pavimento y ni escuelas o centros de salud cercanos.

Ortiz aún no ha decidido si se quedará ahí o regresará a su precaria vivienda en Moyuta, una zona rural al este de la capital de donde es originaria.

Según organizaciones que velan por los derechos de los migrantes, una de las principales razones de la migración de los guatemaltecos es la pobreza. De acuerdo con la cancillería unos 2.279 menores fueron separados de sus padres bajo la política de tolerancia cero de la administración de Donald Trump, de los cuales unos 62 ya se han reunido con su familia.

Ortiz aún no ha encontrado trabajo de limpieza de casas particulares, a lo que antes se dedicaba. El futuro de la familia es incierto y la pobreza, uno de los motivos por los que decidieron emigrar, sigue ahí esperándolos.

EEUU necesita autorización para medicar a menores migrantes

PORTADA – En esta fotografía del 1 de marzo de 2018 se muestra a la jueza de distrito Dolly Gee en Los Ángeles. La jueza falló el lunes 30 de julio que el gobierno de Estados Unidos debe obtener una autorización para administrar medicamentos psicotrópicos a los niños migrantes que están detenidos en una instalación de Texas. (NAPABA vía AP, Archivo)

AMY TAXIN,  Associated Press

LOS ÁNGELES, California (AP) — Una jueza federal falló el lunes que el gobierno de Estados Unidos debe solicitar autorización para administrar medicamentos psicotrópicos a los menores migrantes que están detenidos en una instalación de Texas.

La jueza de distrito Dolly M. Gee, de Los Ángeles, señaló que el gobierno federal incumplió con algunas partes de un añejo acuerdo que rige el trato que deben recibir los niños inmigrantes que son detenidos tras cruzar la frontera.

Gee dijo que el gobierno federal debe obtener una autorización o una orden judicial para darle a los menores medicamentos psicotrópicos en una instalación de Texas de conformidad con la ley estatal, a menos que sea un caso de emergencia.

Agregó que las autoridades deben decirles a los niños por escrito la razón por la que están en una instalación vigilada, y aseveró que la vinculación con una pandilla por sí sola no justifica dicha reclusión.

“Los niños no estaban siendo informados sobre por qué eran enviados a otra parte”, dijo Holly Cooper, codirectora de la Clínica Legal de Inmigración en la Universidad de California en Davis y una de las abogadas que representa a menores migrantes detenidos. Sobre el fallo, la abogada indicó que “lo vemos como una victoria”.

El gobierno del presidente Donald Trump ha endurecido sus políticas dirigidas a los niños y familias migrantes que son detenidos tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Los defensores de los derechos de los inmigrantes han impugnado varias acciones del gobierno federal, incluida la separación de los niños migrantes de sus familias.

El Departamento de Justicia declinó comentar sobre el fallo de Gee.

Los niños inmigrantes que cruzan la frontera sin compañía de un adulto y son detenidos, quedan bajo custodia en instalaciones contratadas por el gobierno hasta que puedan ser liberados y entregados a patrocinadores autorizados en Estados Unidos o regresados a sus países de origen. La mayoría de los menores son puestos en albergues no vigilados por guardias, pero en algunos casos se utilizan instalaciones más seguras.

En el fallo, Gee dijo que estaba de acuerdo con algunas, pero no con todas las solicitudes hechas por los representantes de los niños. Si bien algunas cuestiones están relacionadas con los medicamentos psicotrópicos y el trato que reciben los niños en el Centro de Tratamiento Shiloh de Texas, el acuerdo que rige las condiciones de detención es supervisado por la corte federal de Los Ángeles.

EEUU: 1,820 menores han sido entregados a sus padres

FOTO DE PORTADA – La inmigrante brasileña Natalia Oliveira da Silva carga a su hija Sara, de cinco años, al arribar a instalaciones de una obra de caridad católica en San Antonio, Texas, el 23 de julio de 2018. Madre e hija fueron separadas en mayo al arribar a la frontera de EEUU en busca de asilo. (AP Foto/Eric Gay)

ELLIOT SPAGAT y COLLEEN LONG ,  Associated Press

SAN DIEGO, California (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump indicó el jueves que más de 1,800 menores separados de sus familias en la frontera con México se han reunido con sus padres y patrocinadores, pero cientos continúan separados, por lo que aún le espera una tarea ardua.

Una mujer habla en un mitin el jueves 28 de junio de 2018, en Brownsville, Texas, para atraer atención hacia la política estadounidense hacia los inmigrantes. (Miguel Roberts/The Brownsville Herald vía AP)

Se ha reunificado a 1,442 niños de 5 años o más con padres que están bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), mientras que otros 378 fueron liberados “bajo otras circunstancias apropiadas”, lo que incluye entrega a patrocinadores, informó el Departamento de Justicia en un documento presentado en la corte.

Aun así, más de 700 padres fueron considerados no elegibles o actualmente no elegibles, muchos de los cuales quizá fueron deportados. De ellos, 431 niños tienen padres que viven fuera de Estados Unidos.

Más de 2.500 menores fueron separados de sus padres en la frontera sur del país como parte de una política de cero tolerancia que enjuicia penalmente a todo aquel que es atrapado cruzándola de manera ilegal.

Algunos niños que no habían visto a sus padres en semanas o meses parecieron tardarse en aceptar que no serán abandonados de nuevo. Un padre que se reunió con su joven hija la semana pasada dijo que ella no le cree que no volverá a dejarla.

“Me parece que algunos de los niños se apegan muy rápidamente. En otros, hay distanciamiento. Existe esta cautela, esta falta de certidumbre, y parte de ello se debe a que no se comprende qué ocurrió”, dijo Rubén García, director de Annunciation House, un centro de asistencia a migrantes en El Paso que ha recibido a unas 25 familias al día esta semana.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a las familias separadas, dijo antes de que se anunciaran las cifras más recientes que el gobierno no debería estar congratulándose por cumplir el plazo que él mismo se impuso.

“El gobierno no debería estar orgulloso del trabajo que están haciendo en la reunificación”, afirmó. “Sólo deberían pensar: ‘Nosotros creamos esta política cruel e inhumana… ahora estamos tratando de corregirla en todas las formas que podemos y hacer que estas familias estén completas’”.

Un organismo de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional dijo que revisaría la separación de familias, así como las condiciones en las instalaciones en las que los niños migrantes son retenidos, en respuesta a cientos de solicitudes del Congreso para que lo hiciera.

Durante las últimas dos semanas, los niños han estado llegando en forma constante a instalaciones del ICE en Texas, Arizona y Nuevo México para ser reunidos con sus padres. Grupos religiosos y de otro tipo les han proporcionado alimentos, ropa, asesoría legal y boletos de avión y autobús. En general las familias son puestas en libertad, y a los padres se les coloca una tobillera de rastreo y se les dan fechas para que se presenten ante un juez de inmigración.

Pero la confusión y el miedo persisten. El salvadoreño José Dolores Muñoz, de 36 años, fue reunificado con su hija de 7 años el viernes pasado, casi dos meses después de que fueron separados. Su hija llora cuando él sale de la casa porque cree que no volverá.

“Ella tiene miedo”, dijo Muñoz. “Ayer la dejé llorando, y me decía: ‘No volverás. Mientes. Me estás abandonando’”.