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Sessions habla sobre migración ante policías de la frontera

Activistas por los derechos migratorios protestan el miércoles 11 de abril de 2018 en Las Cruces, Nuevo México, donde el secretario de Justicia pronunció un discurso sobre la aplicación de las leyes migratorias a jefes de policía de la frontera suroeste. El letrero en primer plano dice “Somos parte de la solución”, y el de la parte superior afirma “El odio no es bienvenido en mi comunidad”. (AP Foto/Mary Hudetz)

Por MARY HUDETZ

LAS CRUCES, Nuevo México (AP) — Mientras miles de efectivos de la Guardia Nacional arriban a la frontera con México, el secretario de Justicia Jeff Sessions expuso el miércoles su estricta postura en materia migratoria en Nuevo México, donde les dijo a jefes de policía de localidades fronterizas que frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas es necesario para construir un sistema migratorio funcional.

Sessions destacó las historias de traficantes detenidos con opioides y cocaína en la frontera con México, y los vacíos legales que han alentado a más inmigrantes a iniciar la travesía.

“Esto es inaceptable. No puede continuar”, afirmó. “Nadie puede defender la manera en que el sistema opera hoy en día”.

Afuera del lugar, decenas de activistas por los derechos de los inmigrantes organizaron una protesta por la visita de Sessions, rechazando una vez más su percepción previa de que la región fronteriza es la “zona cero” en la lucha del gobierno del presidente Donald Trump contra los cárteles de drogas y los traficantes de personas.

“Se equivocó entonces, y se equivoca ahora”, dijo Fernando Garcia, director ejecutivo del organismo activista Border Network for Human Rights en El Paso, justo al sur de Las Cruces.

Al llegar la caravana en que viajaba Sessions, el grupo gritó consignas en español y ondeó carteles contra la propuesta de un muro fronterizo y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a la región.

Sessions habló en la reunión anual de la Coalición de Jefes de Policía de la Frontera de Texas en Las Cruces y la Coalición de Jefes de Policía de la Frontera Suroccidental, que incluye a 31 departamentos policiales de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

Las zonas de patrullaje de estos departamentos se encuentran en un área que va desde la frontera hasta 25 millas hacia el interior.

Sessions hizo su viaje a Las Cruces, una pequeña ciudad ubicada a una hora de la frontera, al tiempo que se comienza a erigir un tramo de 20 millas de vallas de acero que las autoridades aseguran forman parte del muro fronterizo que prometió Trump.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) afirman que la nueva barrera será más difícil de sortear por encima, por debajo o de atravesar que el antiguo enrejado de postes y alambrado que se extendía por el desierto al oeste del cruce fronterizo de Santa Teresa.

Al hablar de una crisis en la frontera, Sessions emitió una orden que instruye a los fiscales federales a poner más énfasis en aplicarle cargos a las personas que ingresan ilegalmente al país.

Arremetió nuevamente contra las ciudades santuario, al decirles a los jefes de policía que es “ilógico e insensato” que una persona pueda ingresar ilegalmente al país un lunes y llegar el miércoles a San Francisco sin ser deportado.

Sessions indicó que se ha permitido que la crisis se agrave durante décadas mientras los políticos prometían pero no actuaban para arreglar el sistema.

Un incremento del 37% en los cruces fronterizos durante marzo derivó en el ingreso de más de 50,000 inmigrantes a Estados Unidos. Esa cifra representa el triple del número de cruces ilegales que se reportaron durante el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la cifra sigue siendo más baja que los aumentos en los últimos años del gobierno de Barack Obama y en décadas anteriores.

La postura de “tolerancia cero” del fiscal general respecto a los cruces fronterizos pide que se enjuicie a las personas que sean sorprendidas ingresando ilegalmente a Estados Unidos por primera vez. En el pasado, dichas ofensas representaban delitos menores.

Impone también cuotas a los jueces migratorios a fin de reducir el enorme número de casos atrasados, exigiéndoles completar al menos 700 al año para obtener una calificación satisfactoria. Esas cuotas entran en vigencia el 1 de octubre.

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