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Tema de ciudades santuario de EEUU se acerca a hora decisiva

Por SUDHIN THANAWALA

SAN FRANCISCO, California (AP) — Un tribunal se apresta a debatir la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza con reducir el financiamiento de estados y ciudades que se han declarado santuario para los inmigrantes.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito escuchará el miércoles los argumentos del gobierno, de que el decreto es legal y se atañe a la jurisdicción federal.

El juez William Orrick en noviembre dijo que la orden ejecutiva trata de todo el financiamiento público a esas municipalidades, y que el presidente no tiene la autoridad de modificar financiamientos ya aprobados por el Congreso.

Ese fallo vino en respuesta a demandas presentadas por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara. Orrick señaló que la orden ejecutiva podría privar a esas ciudades de cientos de millones de dólares.

Citó declaraciones de Trump y del secretario de Justicia Jeff Sessions como prueba de la amplitud del decreto y de que el presidente mismo había amenazado con usarlo como “arma” contra las ciudades que se resistan.

El gobierno insiste en que la orden afecta a una cantidad de dinero relativamente menor que ya está adscrita al cumplimiento de las leyes de inmigración. Podría afectar futuras financiaciones también pero sólo si el gobierno recibe autorización para imponer el requisito de cumplimiento de las leyes.

“El texto de la orden deja bien claro su jurisdicción limitada”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en documentos presentados ante el tribunal.

El departamento opinó también que Orrick debió haber limitado su fallo a Santa Clara y San Francisco en vez de aplicarlo a nivel nacional.

La orden ejecutiva es parte de una campaña del poder ejecutivo contra “ciudades santuario”, es decir, aquellas que se niegan a obligar a sus departamentos policiales a hacer cumplir las leyes federales de inmigración. El gobierno federal ha demandado a California a raíz de tres leyes que protegen a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, y ha estado tratando de impedir que sea desembolsado un presupuesto para seguridad pública designado para ciudades y estados que se han declarado santuarios para inmigrantes.

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